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LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES JURÍDICAS DERIVADAS DEL SUICIDIO

 ÍNDICE

I.- INTRODUCCIÓN.
                I.- 1º.- 1º.- CONCEPTO DE SUICIDIO.
                I- 1º.-2º.- LA CONDUCTA SUICIDA PREVIA.
 

 II.- 1º.- LA POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL ANTE UNA CONDUCTA SUICIDA.
                II. 1º.-1º.- LA CONDUCTA PASIVA U OMISIVA EN RELACIÓN AL ACTO SUICIDA.
                II. 1º.- 2º.- LA CONDUCTA ACTIVA EN RELACIÓN AL ACTO SUICIDA.

 III.- 1º.- LA POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA CONDUCTA MÉDICA.
                III.- 1º.-1º.- INTRODUCCIÓN.
                III.- 1º.- 2º.- EL CONTRATO MEDICO PSIQUIÁTRICO.
                III.- 1º.- 3º.- LA PUNIBILIDAD DEL ACTO SUICIDA.
                III.- 1º.- 4º.- EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO.

 IV.- 1º.- LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO EN GENERAL.
                IV.- 1º.- 1º.- LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO
                PSIQUIÁTRICO.
                IV.- 1º.- 2º.- LA VALORACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO
                PSIQUIÁTRICO.

                IV.- 1º.- 3º.- EL CONCEPTO Y LA VALORACIÓN DE LA PREVISIBILIDAD.
                IV.- 1º.- 4º.- EL CONCEPTO Y LA VALORACIÓN DE LA EVITABILIDAD.

 V.- 1º.- LOS CONCEPTOS DE LA PREVISIBILIDAD Y DE LA EVITABILIDAD APLICADOS A LA MEDICINA PSIQUIÁTRICA.

VI.- CONCLUSIONES.

LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES JURÍDICAS DERIVADAS DEL SUICIDIO

 I.- INTRODUCCIÓN.

El suicidio es, en España, una de las cuatro primeras causas de mortalidad prematura entre los jóvenes de 10 a 19 años y de 20 a 29; y la quinta entre los de 30 a 39 años. Los suicidios suponen ocho veces más que los fallecidos por homicidio. Las muertes anuales por suicidio se duplicaron entre 1980 y 1990, momento en el que se estabilizaron. La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes era en España; en 1.980, de 4,1 y en 1.984 de 5,6. Hoy, se contabilizan 6.37 suicidios o tentativas anuales por cada 100 000 habitantes, bajando a 5.13 en las capitales. Las comunidades autónomas con mas índice de suicidio son: Soria (15), Tarragona (13), Asturias y Girona (ambas con 12). Sin embargo, La Rioja, Canarias, Valladolid, Barcelona y Madrid presentan una tasa inferior a los 5 suicidios por cien mil habitantes. Desde enero de 1980 hasta finales de 1998, las estadísticas del INE recogen en España un total de 42.122 casos de suicidio o tentativas de suicidio. En España hubo en el decenio 1.980/1.9990 algo más de la mitad de tentativas y suicidios, por día, que en los Estados Unidos de América. En países como Francia, el suicidio es ya la primera causa de mortalidad prematura entre los jóvenes de 25 a 34 años, y la segunda entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años.

 Pero dejémonos ya de datos mas propios de analista o del internauta y analicemos lo que se quiere decir respecto a la posible existencia de responsabilidad legal del suicidio, en general y, en particular, en lo referente a la actividad médico psiquiátrica.

 

Iº.- 1º.- 1º.- CONCEPTO DE SUICIDIO.

            En los términos muy generales el suicidio es cualquier acto u omisión que se efectúa con el deseo y la finalidad de quitarse, inmediatamente, la vida. Esta voluntad de quitarse la vida no puede estar incardinada o conexionada con otras voluntades más o menos íntimas y ligadas a factores sociales o de otra índole. Por ejemplo; los mártires y los “hombres bomba” o, los que mueren en caso de evitar una emergencia o los soldados no deben ser considerados suicidas, dado que acaban su vida en razón de otra creencia, razón o situación que no es la suicida. En realidad, la conducta suicida, desde un ámbito íntimo y personalizado no es la exteriorización de una “voluntad de morir”, sino que es la exteriorización de una “voluntad de no vivir” [1]. Ello se aprecia, con más o menos facilidad, si vemos las circunstancias previas a la muerte o leemos las cartas que, a menudo, deja escritas el suicida. Es muy interesante, creemos, considerar al suicida como aquel que solamente no quiere seguir viviendo, ya que esta definición elimina muchas conductas letales próximas al suicidio, en términos estrictos. Otro elemento que, objetivamente, diferencia la muerte del suicidio es el reproche cultural que cada uno de estos eventos provoca, para el suicidio existe una proscripción, ética, social, religiosa, moral o legal que no aparece con la muerte (que se asocia al duelo, a la condolencia y a la solidaridad) que es, en realidad, lo que, desde el punto de vista objetivo y social, puede diferenciar la muerte del suicidio. Otro elemento diferenciador, que a nosotros nos van a interesar en mucho, es que es rara la vez que alguien decide suicidarse sin pensarlo de antemano.

Iº.- 1º.-2º.- LA CONDUCTA SUICIDA PREVIA.

Previo al acto suicida, generalmente, hay signos y “advertencias” del mismo. Existen unos indicios o, mejor dicho, situaciones que se pueden traducir en el futuro suicidio tales como:

-          el estado de depresión o abandono,

-          el comportamiento temerario,

-          el poner orden en algunos asuntos,

-          el regalar posesiones de valor,

-          el cambio radical en el comportamiento, actitud o apariencia,

-          el abuso de drogas o alcohol o

-          el sufrir una pérdida importante o cambio de vida.

Existen, también, unos síntomas, médica y estadísticamente descritos, que delatan, más técnicamente, la intención suicida, tales como:

-          comportamientos relativos a llantos repentinos y no explicables,

-          peleas,

-          infracciones a la ley,

-          actos irreflexivos y luego repudiados por el “futuro suicida”,

-          autolisis de resultado no letal, pero muy similares (cortes en las venas de escasa profundidad),

-          escritos acerca de la muerte y suicidio o

-          cambios irreflexivos en el comportamiento.       

El análisis de los anteriores síntomas o conductas será de vital importancia para la imputación de una conducta ilegal o ilícita a un médico, como veremos al final de este escrito.

 II. 1º.- LA POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL ANTE UNA CONDUCTA SUICIDA.

            Pese a que nos hallamos ante una conducta estrictamente personal, podemos entender que su comisión se traduzca en derivaciones jurídicas a otros ciudadanos. Entre ellos debemos de destacar la del psiquiatra, a la que más tarde nos referiremos con exclusividad. Por ahora examinemos las conductas de aquellos que pudiendo y debiendo advertir una conducta suicida o bien:

a)      colaboran pasivamente con el mismo, es decir, con la omisión de una conducta usual, ordinaria, propia y debida.

b)      colaboran activamente con la voluntad suicida de otro, induciéndoles o auxiliándoles a su consecución.

 II. 1º.-1º.- LA CONDUCTA PASIVA U OMISIVA EN RELACIÓN AL ACTO SUICIDA.

            Esta conducta puede aparecer en dos modalidades:

a)      eludir un deber jurídico de asistencia como los exigidos el artículo 11 del Código Penal (véase nota final 4).

b)      también el artículo 195[2] del Código Penal que obliga a socorrer a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave.

Ambos casos merecen poca atención para la última finalidad de nuestro artículo, pero deben de ser tenidas en cuenta.

 II. 1º.-2º.- LA CONDUCTA ACTIVA EN RELACIÓN AL ACTO SUICIDA.

            Dice el artículo 143[3] que el auxilio, la colaboración o incluso la mera inducción a la muerte suicida de otro es delito, e incluye, dicho precepto, en su párrafo cuarto, una prohibición legal, penal, de la llamada eutanasia. Tampoco es éste el ámbito de lo que precisamente queremos analizar, porque lo que nos interesa, en cierto modo, es unir actividad médica negligente y muerte voluntaria y examinar el resultado de tal unión. Por eso tenemos que añadir otro concepto a los dos anteriores; el relativo a la imprudencia, a la negligencia.

             A este respecto hay que transcribir los preceptos legales de índole penal, por ahora que la regulan y así vemos que los artículos 10, 11 y 12[4] del Código Penal hace una suficiente descripción de los que sin que intervengan una voluntad expresa y un conocimiento explícito de su conducta, sin embargo, la lleva a cabo, causando un daño, que muchas veces constituye delito.  Junto con esto, en el Código Civil, podemos ver que el artículo 1.902[5] castiga la mera causación de un daño, interviniendo cualquier tipo de culpa o negligencia, de modo paralelo a lo que hace la Ley Penal respecto a la imprudencia.

            Tenemos ya centrada la cuestión de que en el derecho español se castiga tanto la acción de la conducta indebida como la omisión de la conducta debida y que la culpabilidad bien puede proceder de una voluntad expresa y determinada o de un actuar imprudente o negligente, así como examinarse en sede civil o penal. Apliquemos esto a las actuaciones médica.

 III.- 1º.- LA POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA CONDUCTA MÉDICA.

            Al igual que cualquier otra conducta o actividad humana, por la propia esencia del ser humano, puede y debe de haber siempre una responsabilidad que se exteriorice con un reproche difuso de la conducta socialmente calificada como errónea o bien con una sanción legal, prevista y penada adecuadamente.

            Queremos hacer, ahora, una brevísima mención al concepto de “posición de garante”, formulado respecto al médico y, aquí, concretamente al psicólogo o al psiquiatra. La posición de garante, sucintamente, para los ámbitos civil y penal, para las acciones comisivas activas y las comisivas omisivas, se configura como la existencia de un compromiso específico por el profesional médico de constituir una barrera de contención para riesgos determinados que amenazan a concretos bienes jurídicos que se agrupan en torno al concepto amplio de la salud del paciente. Pero, entendamos bien lo dicho, no debemos presuponer que la posición de garante sea algo que viene;

 - ineludiblemente asociada a la condición de cualquier profesional médico sino que sólo existe junto con

- la muy específica concurrencia de la circunstancia que la no prestación de un servicio de auxilio médico ha de recaer sobre la persona que ha contratado previamente con ese médico, un contrato de arrendamiento de servicios médicos específico.

 III.- 1º.- 1º.- INTRODUCCIÓN.

            En síntesis, lo que se pretende estudiar y valorar, desde el doble ángulo jurídico y médico es la responsabilidad, penal, civil o deontológica, por la que, pudiera ser, que tenga que responder aquel profesional de la medicina[6] al que un paciente ha acudido ante la advertencia de una sintomatología suicida, objetiva o subjetiva, por sí mismo o por otros, de manera mas o menos voluntaria, para que el médico el psicólogo o el psiquiatra ponga medios y métodos que eliminen la recurrente idea suicida o el suicidio efectivo.

             Recordemos que para que se produzca la conducta que intentaremos analizar es preciso la concurrencia de los siguientes elementos: 

a)      Un ciudadano que presenta, objetiva o subjetivamente, una ideación o una tendencia suicida.

b)      El pacto o el contrato de servicios médicos que efectúa ese ciudadano con un médico o con un psiquiatra con la explícita finalidad de suprimir esos síntomas y/o evitar la consumación del suicidio.

c)      El inicio, por mínimo que este sea (aunque se limite a la anamnesis) del tratamiento médico.

d)     El acontecer de una conducta autolítica (sea en grado de consumación letal o en grado de frustración).

 III.- 1º.- 2º.- EL CONTRATO MEDICO PSIQUIÁTRICO.

 Podemos decir que, en general, la relación entre el médico psiquiatra y el paciente con tendencias autolíticas, será una relación basada en un arrendamiento de servicios, de modo que la obligación del primero se caracteriza como una obligación de medios o diligencia, limitándose lo pactado al posible restablecimiento de la salud mental y atendiendo a la lex artis, sin garantizar, un resultado final curativo de la tendencia suicida. En concreto, en este contrato el médico no se compromete a la obtención de un resultado curativo o resultadista (repetimos, la evitación del suicidio) pero sí se compromete siempre a:

 1º) utilizar todos los conocimientos, técnicas, recursos y cualquier otro tipo de medio para que tiendan a la obtención de la curación del paciente.  

2º) nunca empeorar la salud del paciente, sea por acción, sea por omisión, sea por imprudencia, sea error inexcusable.

             Hacer otra formulación del contrato que pactan, contrato de tratamiento, no de resultado, entre el psiquiatra y el paciente es una equivocación que llevándola a su extremo y aplicándola a las otras ramas de la medicina, sería algo tan incongruente como contratar la inmortalidad, cosa esta que está vetada por la Ley Civil[7]. Como se observará de una atenta lectura de los dos artículos transcritos como la nota final anterior puede apreciarse, inicialmente, una anormal contradicción que, como ahora explicaremos, no existe.  

En efecto, en síntesis, podemos decir que la contratación de un servicio, tendente a un resultado, pero que no está pactado como obligatorio, no exime de responsabilidad, que, si no se aplican los medios correctos pactados, se configurará por la vía de la culpa, sea por negligencia, y con ello se genere una responsabilidad civil o penal de la parte contratante que, a cambio de un precio, se comprometió a utilizar sus conocimientos científicos, mediante la aplicación de un protocolo médico estandarizado o de la “lex artis” médica en general, y no lo hizo o lo hizo interviniendo una negligencia que hacían sus actos inoperantes e inútiles para conseguir el resultado pactado.

 III.- 1º.- 3º.- LA PUNIBILIDAD DEL ACTO SUICIDA. 

            Centrada ya la conducta objeto de reflexión primeramente hemos de ver si una conducta relacionada con un suicidio (que no es una “voluntad de morir”, sino una “voluntad de no seguir viviendo” – véase nota final 1) es posible que sea objeto de sanción, desde el ámbito constitucional. Es decir que, dando por conocido por todos el contenido del acto suicida[8] analizado ya el suicidio se debe analizar en relación a la incriminación de las conductas relacionadas con el suicidio, es su admisibilidad desde la perspectiva constitucional. Con anterioridad a la vigencia de la Constitución, desde que Jiménez De Asua publicó su "Libertad de amar y derecho a morir" la cuestión del suicidio ha sido planteada casi siempre en la doctrina penal partiendo de un presupuesto o, mejor dicho, de un prejuicio: el suicidio es un mal que el Derecho trata de evitar por todos los medios a su alcance, un acto ilícito que si no se castigaba no era por la desvaloración de la conducta sino por motivos pragmáticos, empíricos o político criminales o por obvias razones de imposibilidad.  

La aprobación del texto constitucional ha originado un amplio debate sobre la constitucionalidad del artículo 143 del Código Penal (véase nota 3) que castiga la inducción y el auxilio al suicidio. Las posiciones doctrinales oscilan entre quienes sostienen su constitucionalidad plena pues el derecho a la vida que tutela el artículo 15 de la Constitución tiene el sentido primordial de una garantía frente al Estado, que obliga a éste a respetar y proteger la vida a todos, pero no tiene, en cambio, el sentido de engendrar a favor del individuo la facultad de libre disposición de su propia vida, de tal manera que pueda consentir validamente la muerte. Nosotros apostamos por la primera postura y mantenemos que el castigo de la colaboración en el acto suicida es constitucionalmente consecuente, ya que la vida es un valor supremo a cualquier otro y la Ley se basa, muy a menudo, en la comparación o prelación de derechos, cuando hay conflicto entre dos o mas de ellos[9]. El Imperio de la Ley siempre estará sometido al Imperio de La Razón. 

III.- 1º.- 4º.- EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO.

            Pero la anterior disquisición, para nuestro debate, se solventará por una vía mucho más rápida; el suicida, en realidad, no quiere acabar con su vida, es víctima de una patología médicamente reconocida, que se advierte y se puede evitar, y que por eso, precisamente acude a un experto. Una vez que estamos ante esta situación fáctica bien pueda ocurrir que el psiquiatra; 

-          ejecute los consecutivos actos médicos[10] que componen el tratamiento protocolizado para la dolencia suicida que se le presente,

-          por culpa, negligencia[11], imprudencia o falta de conocimientos, no ejecute en el tratamiento que el diagnóstico previo efectuado le indicaba como el correcto,

-          que concurra la efectiva realización de un suicidio, consumado o no. 

Si ya damos por supuesto que ha existido la contratación, mas explícita o mas implícita, de los servicios de un médico psiquiatra para evitar un suicidio no cabe duda de que su incumplimiento, siempre que intervenga culpa o negligencia, debe ser punible, pues lo contrario nos llevaría a la contradicción de la adquisición de un compromiso que no genera una consecuente responsabilidad por incumplimiento. Resumiremos esto utilizando un viejo aforismo romano “pacta sunt servanda[12]

            Resulta, pues, más que evidente que el contrato médico psiquiátrico, pese a que no exige un resultado, más o menos preciso y pactado, puede y es frecuentemente objeto de incumplimiento y de responsabilidad por ello. Un ejemplo paradigmático de la existencia de este incumplimiento es la de que, por ejemplo, cuando la parte contraria no paga el precio pactado. 

IV.- 1º.- LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO EN GENERAL. 

            El incumplimiento de cualquier norma tiene como consecuencia una sanción de mayor o menor grado e incluso de mayor o menor percepción por el que la viene a sufrir. En el caso del médico y del médico psiquiatra que viene a colaborar, mediante la culpa o la negligencia, en el desarrollo y consumación de una muerte suicida el derecho tiene previstas tres tipos de respuestas: 

-          La responsabilidad penal o criminal, excepcionalmente y

-          La responsabilidad civil, de modo más habitual y que se suele ceñir a una condena al pago de una indemnización. 

Dentro de la normativa médica existe también la sanción de tipo deontológico. 

IV.- 1º.- 1º.- LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. 

            El efecto esencial del incumplimiento de un contrato se sitúa, como hemos dicho, casi siempre, en una contraprestación alternativa, que restaure o sustituya al Derecho objeto de contrato por cuyo incumplimiento resultó lesionado. En el presente caso, la posibilidad de devolver la vida al suicida, evidentemente, resulta imposible, la restitución se hará siempre por la vía de la indemnización o bien, excepcionalmente, por el cumplimiento de una sanción penal, además de la indemnización, claro está. Pero esto, que muy bien sería objeto de otro escrito, no es lo que aquí mas nos interesa. 

            Este escrito, modestamente, pretende fijar las bases sobre las que calcular la propia existencia y el grado de incumplimiento del médico o del psiquiatra con respecto al contrato pactado. Ello, indudablemente, es mucho más interesante, práctico y, por qué no decirlo, atractivo. 

IV.- 1º.- 2º.- LA VALORACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. 

            Ya hemos adelantado que es éste, y no otro, el tema crucial del presente escrito. Y ello porque la muerte suicida, intrínsecamente, es de muy difícil evitación o previsión. Es decir la negligencia, que ha de concurrir para hallarnos en un incumplimiento contractual, en el caso del paciente/suicida y del psiquiatra tiene una muy específica y diferenciada estructura, análisis y valoración, como resultará evidente si lo meditamos brevemente. A partir de ahora, en ello, solamente en ello, nos vamos a centrar. 

            Nos hallamos ante una responsabilidad derivada de un error de tratamiento, nunca de diagnóstico[13]. El error de tratamiento, axiológicamente, en la psiquiatría presenta unas muy cualificadas características que siempre debemos tenemos que manejar con cuidado. Es paradigmático que no todos los pacientes reaccionan igual ante un determinado tratamiento terapéutico y/o farmacológico en el campo psiquiátrico; por eso mismo nos vemos compelidos a intentar incluir, mediante técnicas estadísticas, un sistema que permita, por igual, calibrar la existencia y el grado de negligencia en la conducta de un psiquiatra ante el suicidio del paciente que acude, precisamente, para evitar esa conducta. Ya en fechas anteriores[14], hemos tratado este tema, pero el tiempo transcurrido hace merecedor de una revisión sobre las conclusiones anteriormente obtenidas. 

            Queda claro que, si bien no podemos predecir o evitar un suicidio si que podemos valorar los síntomas o las circunstancias que se sitúan junto al mismo, de forma mas o menos precisa. Aquí tenemos que incluir dos conceptos próximos a la ciencia médica; la previsibilidad y la evitabilidad. 

IV.- 1º.- 3º.- EL CONCEPTO Y LA VALORACIÓN DE LA PREVISIBILIDAD.

Por previsibilidad hemos de entender, siguiendo, parcialmente, unos razonamientos ya conocidos (véase Harold Aristizabal Marín) un concepto que tiene, dentro de la ciencia médica, una doble connotación, que permite distinguir claramente entre  

-la llamada previsibilidad objetiva que se traduce en las conclusiones obtenidas, por medios lógicos y estadísticos y desde un punto de vista genérico que un curso causal o uno de sus resultados puede ser previsto por el ser humano, en concreto el profesional médico. 

-la denominada previsibilidad subjetiva que es el concepto sobre el que se efectúa un estudio de la situación concreta, tomando en consideración a la persona individual  y las especiales circunstancias dentro de las cuales se encuentra, para, en base en ello, emitir un pronóstico sobre la posibilidad de prever la forma como un suceso, el suicidio, habrá de desarrollarse. En la previsibilidad subjetiva ya no interesa el paciente como un ser abstracto, sino un determinado individuo en una situación concreta y conocida, o con posibilidad de ser conocida, por el psiquiatra.  

IV.- 1º.- 4º.- EL CONCEPTO Y LA VALORACIÓN DE LA EVITABILIDAD. 

Una conducta es inevitable cuando, "con una probabilidad rayana en la certeza", cualquier conducta interferente hubiera producido el mismo resultado. Es un concepto, teleológicamente, muy ligado al concepto del riesgo. El Tratadista Küpper a partir de la consideración de cursos causales hipotéticos intenta precisar la forma como debe determinarse la evaluación del riesgo, recurriendo para ello a la premisa general de que el derecho no busca eliminar todos los riesgos que la convivencia social implica, sino solamente reducirlos a un nivel mínimo tolerable, que siempre deja abierta la posibilidad de que algunos riesgos conduzcan en forma inevitable a la producción de resultados dañinos. Por esto mismo todo juicio de valor sobre la conducta de un psiquiatra ante el suicidio de un paciente debe ser, escrupulosamente, individualizado, 

La inevitabilidad del resultado es parte del riesgo permitido y no indica una falla en el fin de protección de lo normal; por el contrario, esa inevitabilidad debería considerarse como parte de lo que podría denominarse “el principio del riesgo”. En este nuevo concepto quedarían comprendidas no sólo las conductas que no superan los peligros socialmente tolerados, sino aquellas que, aun habiendo generado riesgos desaprobados, producen resultados que ni siquiera con una conducta adecuada, común y ordinaria hubieran podido ser evitados. 

V.- LOS CONCEPTOS DE LA PREVISIBILIDAD Y DE LA EVITABILIDAD APLICADOS A LA MEDICINA PSIQUIÁTRICA. 

            No debe plantear ningún especial esfuerzo, atendiendo a la estadística médica y a los Protocolos de Actuación Medica, importar al análisis del resultado de un tratamiento psiquiátrico los conceptos de previsibilidad y evitabilidad; más bien al contrario, pues es conocido que la Ciencia Psiquiátrica se asienta muy frecuentemente en baremaciones o estadísticas. Para el estudio que a nosotros, cuyo resultado final habrá de ser la imputación o no de una conducta delictiva o ilícita a un médico psiquiatra, no lo olvidemos, nos interesa los conceptos anteriores hayan de configurarse como dos vectores de un cuadro analítico, en el que solamente la conjunción de elevados grados de previsibilidad (que se advierten por las conductas descritas en el apartado Iº.- 1º.- 2º.-) y de evitabilidad ( que se deducen de la efectiva posibilidad de impedir la acción suicida) determinará la existencia y el grado de la responsabilidad legal del psiquiatra respecto a la conducta de su paciente suicidado que había acudido a su consulta, precisamente, para evitar este letal acontecimiento. 

            Expuesto gráficamente, si mentalizamos una tabla con dos coordenadas; la horizontal, de la previsibilidad, y la vertical, de la evitabilidad, puntuándolas de 1 a 10, cada una, y situamos, por ejemplo, en un caso concreto, la previsibilidad (analizando los factores ya expuesto)

1º.- en el punto 2,5 (ya que el paciente no verbaliza ni se puede deducir una inmediata conducta autolítica) o

2º.- en le punto 8,9 (ya que el paciente mostró al doctor una carta suicida de despedida),

y la evitabilidad

1º.- en el punto 3,2 (ya que el paciente, por ejemplo fue internado) o

2º.- en el punto 8,3 (ya que al paciente se le proporcionó una receta para adquirir un psicofármaco cuya ingesta masiva es irremediablemente mortal),

del cruce de ambas coordenadas obtenemos una nueva cifra, cuya cuantía, elevada o mínima es la que determinará, la incoación o no de un proceso de investigación sobre la adecuada o negligente conducta del médico. Las combinaciones son infinitas y así se pueden dar casos de muy alta previsibilidad y escasa evitabilidad o lo contrario; aunque la experiencia clínica, no contrastada de forma inapelable, viene a confirmar, a este modesto autor, que ambas variables suelen ir acompasadas.  

            Si bien la previsibilidad es de caracteres más objetivables la evitabilidad es de difícil análisis normativo y conceptuación generalizada. Pero sí que hay elementos que indicarán, ineludiblemente, una conducta negligente del psiquiatra como podrían ser el no ingreso hospitalario, judicial o voluntario, del paciente con claros síntomas suicidas, el dejar a su custodia un número de psicofármacos capaces de producir la muerte por depresión del SNC (caso, por cierto, muy frecuente), o la postergación, en el tiempo, de segundos y siguientes análisis diagnósticos, es decir, sobre la evolución de la sintomatología suicida, o sobre las conductas puntuales del paciente en relación con síntomas autolíticos, por citar alguno de los mas frecuentes. 

VI.- CONCLUSIONES. 

            Con todas las disquisiciones anteriores, solamente se quiere contribuir a que en una sociedad en la que el suicidio aparece de la forma tan alarmante como veíamos en el primer párrafo de este escrito, se genere una mayor confianza en la, casi siempre, adecuada praxis psiquiátricas. Y para ello, es conveniente publicitar de modo expreso y adherir a la consciencia ciudadana (tanto en el médico como en el paciente) de que el acto suicida puede devenir en responsabilidad legal, y que con ello se logre reducir o simplemente paliar las terribles estadísticas referidas, generando por un lado una mayor confianza en el paciente (que se siente amparado en un sistema legal y no “aislado en su enfermedad”, como es frecuente) y otro mayor grado de confianza en el médico o médico psiquiatra que sabrá que solamente su conducta negligente puede provocar la incoación de una investigación judicial sobre su conducta y no sólo la mera muerte de un paciente, temor que, a veces, acompaña un muy correcto actuar médico.

 RAMÓN MACIÁ GÓMEZ

Magistrado Jubilado

24-09-08

[1] Esta concepción deviene en un análisis, mas médico que jurídico, y muy próximo al concepto de la eutanasia, que este modesto autor está, en la actualidad, realizando. 

[2] Artículo 195 del Código Penal. 1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses… …2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno… …3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años…”.

[3] Artículo 143 del Código Penal. 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años… …2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona… …3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte… …4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

[4] Artículo 10 del Código Penal. Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Artículo 11 del Código Penal. Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:.. …a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar… …b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente..Artículo 12 del Código Penal. Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley…”

[5] Artículo 1.902 del Código Civil. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado…”

 [6] Desde ahora, por pura simplificación, nos referiremos al psiquiatra, si bien la conducta, los efectos y las responsabilidades a las que nos vamos a referir son aplicables, extensibles, a cualquier profesional médico.  

[7] Artículo 1.113 del Código Civil “…Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren…” “…Artículo 1.588 del Código Civil.- Puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria, o que también suministre el material...”  

[8] Que nosotros sostenemos que no es “una voluntad de morir”, sino, mas bien una “voluntad de dejar de vivir”. 

[9] En sentido contrario, queremos reflejar la muy respetable concepción de Joan Queralt Jiménez, que no comparte nuestra tesis, pues en caso de conflicto entre a vida y la libertad de vivir, el titular de ambos bienes puede optar por la libertad de no vivir, y en caso de muerte rogada no vale argüir que los derechos fundamentales son irrenunciables, porque aquí no se trata de ello, estamos ante un conflicto de derechos del mismo sujeto; es el sujeto titular el que está en un dilema y llama a un tercero, ello supone un consentimiento válido, dado que ese conflicto o sea el deber de respetar una vida y el de respetar la libertad, parece que la vida deja de tener valor para su titular cuando considera que se le hace imposible vivir.

[10] El acto médico, para nosotros, es la forma concreta de relación entre personas; por lo general una de ellas, el enfermo que acude motivado por una alteración en su salud a otra, el profesional de la medicina, quien, en base a un título oficial, está capacitado para conocer y aplicar técnicas médicas homologadas, para el tipo de enfermedad que el primero, precisamente, presenta. No debiéndose entender por acto médico un acto que se traduzca en una curación, sino, escrupulosamente, los que se han determinado que, mediante una adecuada prestación de servicios y un normal encaje en las estadísticas, pueden producir la siempre buscada curación; que puede acontecer o no. 

[11] Según Francesco Carrara, la negligencia, supone la "voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho". 

[12] Pacta sunt servanda es una locución latina, que se traduce como "lo pactado obliga", que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil específicamente relacionado con los contratos.

[13] En medicina, el diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad. En la medicina clínica psiquiátrica, el diagnóstico se enmarca dentro de la evaluación psicológica, y supone el reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación de sus signos y síntomas y, en definitiva, en términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona; representa una manifestación en respuesta a una demanda para determinar tal estado. El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es decir, el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como la anamnesis, la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias. 

[14]  DIARIO MEDICO, artículos del autor de fechas 16 y 17 de febrero de 1.999.

 

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